Ernest Urtasun

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La Fundación Toro de Lidia pide al Gobierno el cese del ministro de Cultura

Victorino Martín, presidente de la Fundación del Toro de Lidia, remite una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para pedir el cese del ministro de Cultura, D. Ernest Urtasun.

 

El presidente de la Fundación Toro de Lidia, Victorino Martín, ha remitido una carta abierta a D. Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, para pedir el cese del actual ministro de Cultura, D. Ernest Urtasun tras su actitud de ayer en la entrega de los Premios Nacionales de Cultura. Una actitud que, tal y como se expresa en la carta, es el “colofón de su política sectaria”.

A continuación remitimos la carta íntegra de Victorino Martín a D. Pedro Sánchez:

Señor presidente del Gobierno,

Le escribimos en representación del sector taurino para solicitarle el cese del ministro de Cultura, D. Ernest Urtasun.

Es inconcebible que un ministro de Cultura se posicione de manera expresa contra una parte relevante de la cultura de España como es la tauromaquia, incumpliendo las obligaciones de su cargo que le obligan legalmente a proteger, promover y difundir la tauromaquia, razón más que suficiente para inhabilitarlo como ministro de toda la cultura de nuestro país.

Pero su actitud ayer en la entrega de los Premios Nacionales de Cultura fue el colofón de su política sectaria. Ayer el ministro de Cultura decidió hacer gala de su dogmatismo antitaurino no aplaudiendo al paso del Premio Nacional de Tauromaquia 2023, Julián López “El Juli”, a diferencia de lo que hizo con el resto de los premiados, un gesto de discriminación inaudito, una actitud incompatible con la educación elemental de cualquier ciudadano e inadmisible en el ámbito institucional.

Por todo ello, parece evidente que el señor Urtasun está completamente deslegitimado por sus propios actos para ostentar la representación en materia de cultura del Gobierno de España, por lo que solicitamos su cese.

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Morante Premio Nacional Cultura

La Fundación Toro de Lidia recurre la supresión del Premio Nacional de Tauromaquia

La Fundación Toro de Lidia (FTL) ha interpuesto ante la sala de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional un recurso contra la Orden que suprime el Premio Nacional de Tauromaquia

 

Con fecha 2 de octubre de 2024, la FTL ha presentado un recurso contra la Orden CLT/928/2024, de 3 de septiembre, por la que se modifica la Orden de 22 de junio de 1995, por la que se regulan los Premios Nacionales del Ministerio de Cultura (BOE núm. 216, de 26 de septiembre de 2024).

La FTL considera que la supresión del Premio Nacional de Tauromaquia promovida por el ministro de Cultura Ernest Urtasun conculca el ordenamiento jurídico, que obliga a las administraciones públicas a promover la tauromaquia como parte relevante de la cultura en España.

La decisión del ministro de Cultura de suprimir una de las dos únicas actuaciones de apoyo a la tauromaquia con reflejo presupuestario es una actuación contraria a sus obligaciones de promoción de la cultura, por lo que solicitamos el amparo de la justicia para reparar esta actuación perjudicial para el conjunto de la tauromaquia, y que ha sido provocada por una actuación meramente ideológica por parte del ministro de Cultura.

La FTL, a través de su Comisión Jurídica, ya tuvo ocasión de presentar alegaciones jurídicas razonadas contrarias a esta supresión ante el ministerio de Cultura. Alegaciones que fueron, sin embargo, obviadas en su decisión final de suprimir el Premio Nacional de Tauromaquia, lo que nos ha obligado a presentar este recurso contencioso-administrativo.

La FTL ha encargado la dirección letrada del procedimiento a Cremades & Calvo-Sotelo, despacho que ya ha colaborado de manera exitosa en el pasado en causas como la del Bono Cultural o la vuelta de los toros a Villena.

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El mensaje envenenado del Ministro Ernest Urtasun

La argucia para no mencionar la expresión “prohibir la Tauromaquia” está cargada de veneno. Utilizan el argumento de que hay que devolver la competencia a las comunidades autónomas para adornar el propósito de acabar con La Fiesta. A veces se designa ministro de cultura al primer “espantapájaros” que aparece, cuyas mayores virtudes son la ignorancia, la envidia y la mala fe. La situación puede ser comprometida si no se aborda a tiempo, pues en el fondo se persigue llegar al Parlamento, para con las mayorías aseguradas, producir la derogación de la Ley.

 

Hay pueblos y pueblos. Algunos de ellos atesoran en sus alforjas miles de años de historia y cultura. Uno de esos es España, al que antes de su nacimiento como nación ya se contemplaba su devenir a través de siglos y milenios.

Estos pueblos deben tener un especial cuidado en la selección de los hombres que los representan, especialmente en sus sectores culturales, pues corren el riesgo de que, con el paso de los años, lleguen al gobierno aventureros que designen como ministros de cultura al primer “espantapájaros” que aparece, cuyas mayores virtudes sean la ignorancia, la envidia y la mala fe.

Y ante esto no queda otra alternativa que ponerse en guardia porque los despropósitos de semejante especie pueden causar daños irreparables.

Durante la primera década de este siglo XXI, en la Asociación Internacional de Tauromaquia (AIT), nos dedicamos a socializar el concepto de Patrimonio Cultural Inmaterial como concepto jurídico para proteger la Fiesta de los Toros, lo que cristalizó en la ley 18/2013 de 12 de noviembre, que reconoce la Tauromaquia como Patrimonio Cultural del pueblo de España, con fundamento en la Constitución española y en la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO; así como la modificación de la Ley 10/2015 del 26 de mayo, para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial, que adecua la Legislación española a la citada Convención de la UNESCO.

Han pasado 10 años de aquello, en los que las amenazas y ataques a esta parte de nuestra cultura, se estrellaron contra lo que soberanamente había decidido el Parlamento español en representación de la soberanía popular.

Pero ahora, el ministro Ernest Urtasun, arropado por un tal Íñigo Errejón, el que mentía al decir que los niños en Venezuela comen 3 veces al día, ejerciendo como marxistas trasnochados, han brindado su apoyo a iluminados antitaurinos, para tratar de derogar la Ley que protege la Tauromaquia, simplemente porque a ellos no les gusta.

A tal fin han puesto en acción la iniciativa legislativa popular “No es mi Cultura”, para la que recogen firmas en todo el territorio español. Parece que llevan unas 300.000 y han pedido tres meses más de plazo, que vencen el 19 de enero, para poder alcanzar las requeridas 500.000.

La argucia y el engaño que adornan este propósito pasa por no mencionar la expresión “prohibir la Tauromaquia”, que saben que ya no les funciona, y utilizan como ardid venenoso el argumento de que hay que devolver la competencia a las comunidades autónomas, para que sean estas las que decidan acerca del futuro de la Fiesta.

Son los mismos dirigentes de Podemos y Sumar que aprobaron una fracasada ley de bienestar animal, a quienes poco les importa los toros de lidia y su destino, pero que saben que cualquier ataque contra la Fiesta de los Toros les reporta dinero a sus chiringuitos, a la par de perseguir desesperadamente recuperar sus ya exiguas bases electorales.

Mientras tanto, el sector profesional taurino anda entretenido en otras cosas, muy plausibles algunas de ellas, pero que distraen su atención de lo realmente importante. Así vemos como una tras otra pasan las declaraciones del “espantapájaros” como la eliminación ejecutiva del Premio Nacional de Tauromaquia que otorgaba el Ministerio de Cultura; o acciones de los antitaurinos, que llegan al extremo de verlos recoger provocativamente firmas en las mismas puertas de la Monumental de Las Ventas, sin recibir adecuada y rotunda respuesta.

La situación puede ser comprometida si no se aborda a tiempo, pues en el fondo se persigue llegar al Parlamento, para con las mayorías aseguradas, producir la derogación de la Ley. Entonces será tarde convocar a los aficionados para que den la cara como la dieron miles de ellos, cuando junto con alcaldes, diputados, concejales de diferentes partidos políticos, con el Partido Popular a la cabeza, logramos que cientos de pueblos y ciudades declararan la Tauromaquia como Patrimonio Cultural Inmaterial de sus ciudadanos.

Sería triste que un “espantapájaros” que ignora lo que significa la Tauromaquia para la cultura de nuestro pueblo, se saliera con la suya, pues constituiría la victoria de la ignorancia, sobre la historia y la cultura de España.

TEXTO: Asociación Internacional de Tauromaquia

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El Ministro Ernest Urtasun elimina de forma sectaria el Premio Nacional de Tauromaquía

El Ministro de Cultura Ernest Urtasun ataca una vez más a la Tauromaquia de forma partidista y sectaria, eliminando el Premio Nacional de Tauromaquia creado en el año 2011.

 

El rechazo por parte de profesionales y aficionados ha sido total ante la decisión adoptada por el Ministro de Cultura del Gobierno de España, eliminando de forma sectaria el Premio Nacional de Tauromaquia, creado en 2011 por el gobierno socialista de Rodríguez Zapatero, coincidiendo con el traspaso de competencias en materia taurina de Interior a Cultura, reconociendo a la Tauromaquia como “disciplina artística”, a la que una vez más esta actuación del Sr. Ministro, discrimina y agravia comparativamente con el resto de otras disciplinas culturales.

En declaraciones del Ministro, llegó a decir: «…la tauromaquia es una actividad injusta, sádica y despreciable…» manifestando que la tauromaquia ya no tiene el respaldo de la sociedad española, y que cada vez menos gente que acude a los espectáculos taurinos, pero no queriendo reconocer que la tauromaquia es, después del fútbol, el mayor espectáculo de masas con más de 4,5 millones de entradas vendidas en 2023 y más de 11 millones de aficionados.

Una decisión sectaria donde el Gobierno de la Nación, debe de velar por el cumplimiento de las leyes, y concretamente la Ley 18/2013, que declara la Tauromaquia como Patrimonio Cultural e Inmaterial y que en su articulado legal especifica que los poderes públicos están obligados a proteger como tal.

 

 

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