El Premio Nacional de Tauromaquia 2025 se fallará el próximo 8 de abril en Santander. La reunión del jurado se celebrará en el Palacio de la Magdalena, a las 10:00 horas.
El premio será otorgado por el Senado, la Junta de Andalucía, Cantabria, la Región de Murcia, la Comunitat Valenciana, el Gobierno de Aragón, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, la Junta de Extremadura, la Comunidad de Madrid, la Junta de Castilla y León, la Ciudad Autónoma de Melilla y la Fundación Toro de Lidia.
El jurado del Premio Nacional de Tauromaquia 2025 está compuesto por el presidente de la Comisión de Cultura del Senado; un representante de la Federación Española de Municipios y Provincias; catorce personalidades de reconocido prestigio del ámbito profesional, cultural, académico o investigador relacionados con el conjunto de conocimientos y actividades artísticas, creativas y productivas que confluyen en la Tauromaquia como patrimonio cultural; y una persona designada por cada una de las Comunidades Autónomas que respaldan el Premio Nacional de Tauromaquia.
De esta forma, el jurado del Premio Nacional de Tauromaquia 2025 es:
- Juan Antonio Ruiz “Espartaco”, torero.
- José Pedro Prados “El Fundi”, presidente de la Unión de Toreros.
- Mar Gutiérrez, secretaria general de ANOET.
- Patricia Navarro, jefa de la sección de Toros del diario La Razón.
- Noelia López, periodista de Canal Sur.
- Beatriz Badorrey, Profesora de Historia del Derecho y de las Instituciones (UNED).
- Domingo Delgado de la Cámara, abogado y cronista taurino.
- Chapu Apaolaza, periodista.
- Antonio Bañuelos, presidente de la RUCTL.
- Rafael González Amigo, presidente de la UNPBE.
- Indalecio Sobrino, presidente del consejo de administración de la plaza de toros de Santander.
- Marta Pérez, cirujana taurina.
- José María Marco, presidente de la Comisión Taurina de la Casa Misericordia de Pamplona, Premio Nacional de Tauromaquia 2022.
- Juan Ávila, presidente de la Comisión de Cultura del Senado.
- Pedro Muro, presidente de la comisión de cultura de la Federación Española de Municipios y Provincias.
- Miguel Martín, director gerente del Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid.
- David Gil, secretario general de Interior de la Junta de Andalucía.
- Gonzalo Santonja, consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Castilla y León.
- José Antonio Cidoncha, director general de Mundo Rural, Caza, Pesca y Tauromaquia de la Junta de Extremadura.
- María Isabel Urrutia de los Mozos, consejera de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa de Cantabria.
- Representante de la Comunitat Valenciana, aún por determinar.
- Francisco Abril, director general de Administración Local de la Región de Murcia.
- José Luis Martínez Guijarro, vicepresidente de la Junta de Castilla-La Mancha.
- Manuel Magdaleno, secretario general Técnico del Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón.
- Francisco José Díaz, presidente Fundación Melilla Monumental.
- Victorino Martín, presidente de la Fundación Toro de Lidia.
El Premio Nacional de Tauromaquia está destinado a reconocer la labor meritoria de una persona, entidad o institución desarrollada durante la última temporada, en el ejercicio de las diferentes actividades y manifestaciones de la Tauromaquia a que se refiere el artículo 1 de la Ley 18/2013, de 12 de noviembre, para la regulación de la Tauromaquia como patrimonio cultural, propiciando con ello la difusión de los valores culturales de esta. En casos excepcionales, debidamente motivados, también podrá otorgarse como reconocimiento a una trayectoria profesional.
CONSULTA AQUÍ SUS BASES:
https://fundaciontorodelidia.org/wp-content/uploads/2026/03/Bases-Premio-Nacional-de-Tauromaquia-2025.pdf
Sobre el Premio Nacional de Tauromaquia
El Premio Nacional de Tauromaquia fue otorgado por primera vez en 2013 por el Ministerio de Cultura de España para reconocer los méritos de profesionales de la tauromaquia o de personas e instituciones que destacaran por su labor en favor de la difusión de los valores culturales de esta manifestación artística.
En mayo de 2024, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, anunció la supresión del Premio Nacional de Tauromaquia, un ataque ideológico a la libertad y diversidad de la cultura en España que fue inmediatamente contestado por la sociedad y por gran parte de las instituciones públicas.
Ante esta situación, la Fundación del Toro de Lidia, entidad que aglutina y representa a todos los profesionales y aficionados que forman el sector taurino, reunió todas las iniciativas promovidas por instituciones públicas en un único gran Premio Nacional de Tauromaquia, en estricto cumplimiento de la obligación de defender y promover la Tauromaquia que la ley 18/2013 impone a todas las administraciones públicas.
El Premio Nacional de Tauromaquia 2024 se otorgó ex aequo a la Real Unión de Criadores de Toros de Lidia y a Albert Serra.
Situación legal de la tauromaquia
La tauromaquia es una expresión cultural característica de España, protegida por la Constitución Española, cuyo artículo 46 establece que los poderes públicos deben garantizar la conservación y promoción del enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo integran, reconociendo el artículo 44 que los poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso a la cultura, a la que todos tienen derecho.
En desarrollo de esta realidad cultural y esta obligación impuesta a los poderes públicos, en 2013 se aprobó la Ley 18/2013, de 12 de noviembre, para la regulación de la Tauromaquia como patrimonio cultural.
Tanto el Tribunal Constitucional como el Tribunal Supremo han tenido ocasión de reafirmar en diversas ocasiones el carácter cultural de la tauromaquia y la obligación de los poderes públicos de protegerla, promoverla y divulgarla, sin que quepa discriminarla frente a otras manifestaciones culturales. Y ello, a pesar de que existan detractores de esta. De forma expresa, el Tribunal Constitucional en su sentencia 177/2016, de 20 de octubre de 2016 afirmó “el hecho que la aceptación de ese carácter no sea pacífico, no priva a las corridas de toros (…), de su carácter cultural pues, existiendo en la realidad social española, el Estado contribuye así a su conservación mediante una acción de salvaguarda de una manifestación subyacente que entiende digna de protección en tanto que integrada en el genérico concepto constitucional de cultura, cuya salvaguarda incumbe a todos los poderes públicos en el ejercicio de sus respectivas competencias”.
