El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana estima el recurso presentado por la Fundación del Toro de Lidia, declarando nula la moción antitaurina por invasión de competencias estatales y condena al Consistorio a las costas del proceso
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha declarado nula la moción aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de Orihuela en la que el Consistorio declaraba el municipio contrario a las corridas de toros.
Asimismo, el TSJ de la Comunidad Valenciana condena al Ayuntamiento de Orihuela (Alicante) a abonar 3.000 euros en concepto de tasas judiciales.
El pasado 29 de octubre de 2015, el Consistorio de la localidad alicantina declaraba a Orihuela como municipio “garante de la protección animal” y contrario a las corridas de toros, así como a cualquier tipo de festejo taurino.
Ante la invasión de competencias que corresponden al Estado, la Fundación del Toro de Lidia interpuso un recurso contencioso-administrativo contra la moción, que fue desestimado en primera instancia y recurrido posteriormente ante el TSJ de la Comunidad Valenciana.
La Sentencia del TSJ de la Comunidad Valenciana que declara nula la moción, ha dictaminado que, “si bien un municipio tiene competencia para otorgar cierto tipo de autorizaciones y licencias, no puede partir de la base de que las va a denegar con criterios que no se recogen ni en la legislación estatal ni autonómica”.
Y es que tanto la Ley 18/2013 como la 10/2015 señalan que la regulación la tauromaquia como patrimonio cultural “digno de protección en todo el territorio nacional” con deber de protección de los poderes públicos, entre los que se encuentra el Ayuntamiento de Orihuela.
Por tanto, la sentencia del Tribunal considera que el Ayuntamiento de Orihuela carece de competencia para declararse contrario a los espectáculos taurinos y para cuestionar los rasgos jurídicos que definen la tauromaquia como bien de interés cultural.
De esta manera, la Fundación del Toro de Lidia continúa haciendo frente al sectarismo de algunos poderes públicos capaces de anteponer su ideología frente a la Ley, la Constitución y los pronunciamientos judiciales, y lo que es más importante, frente a lo que un pueblo decide que son sus legítimas expresiones culturales.
