La FTL considera que los partidos del Pacte pueden incurrir en fraude legal al anunciar una Proposición de Ley que trata de mutilar aspectos esenciales de las corridas de toros
La Fundación del Toro de Lidia (FTL) alerta públicamente a los componentes del Pacte (Partit Socialista de les Illes Balears, Podemos, Més per Menorca, Més per Mallorca) del fraude legal que supone su Proposición de Ley, al modificar aspectos esenciales de la lidia.
De esta manera, la FTL denuncia ante los medios las actuaciones de los políticos que pretenden decidir por la sociedad qué es cultura y qué no, prohibiendo de facto la celebración de corridas, en contra de la legislación y la jurisprudencia, por medio del mecanismo fraudulento de hacer irreconocible la fiesta de los toros
Los partidos del Pacte, en otro de sus ataques a las corridas de toros, y ante la imposibilidad de prohibir los espectáculos taurinos, han anunciado una Propuesta de Ley que impide herir y matar al toro. La propuesta establece diferentes excentricidades como que toros, toreros y otros profesionales deberán pasar un control antidoping, veta todo “instrumento punzante que pueda producir heridas y/o la muerte del toro”, además del uso de caballos lo que supone la prohibición del rejoneo o el tercio de varas.
Los partidos que gobiernan Baleares sostienen que no es una prohibición de facto de las corridas y que la sentencia del Tribunal Constitucional deja margen para aprobar esta “regulación” de ámbito autonómico. Esta afirmación de los partidos gobernantes es completamente falsa.
La fiesta de los toros es cultura viva en la sociedad, tiene una tradición, una historia, una estructura y un contenido perfectamente reconocible. Alterar aspectos esencialísimos de la fiesta, estableciendo prohibiciones extravagantes y creando exigencias no menos extravagantes, demuestra con toda evidencia la intención de sus promotores de suprimir la cultura taurina en la comunidad autónoma por la única razón de que no les gusta, pero no quieren que se note.
Cabe recalcar que dicha propuesta, en caso de contar con la aprobación parlamentaria, infringiría tanto la Ley 18/2013 como la ley 10/2015, para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial:
a.- La Ley 18/2013, que declara la tauromaquia como Bien de Interés Cultural fija las competencias estatales en esta materia, no pudiendo ninguna otra institución, directa o indirectamente, arrogarse facultades prohibicionistas, que es lo que burdamente persigue esta nueva propuesta.
Esta ley, en su artículo 1 ya revela que no son los gobernantes, sino la sociedad, la que decide cómo ha de ser la tauromaquia. El “arte de lidiar”, al que protege la ley, no es lo que digan los políticos que es, sino lo que diga la ciudadanía que quiere considerar como cultura.Y no menos expresiva es su exposición de motivos, cuando alerta de las maniobras políticas de algunos, que quieren imponernos su visión exclusivista de la cultura: “La fiesta de los toros y los espectáculos taurinos populares son algo vivo y dinámico, sujetos a constante evolución, sin que se puedan hacer conjeturas sobre de qué manera se adaptarán a las sensibilidades cambiantes de nuestros tiempos u otros venideros. Esto dependerá de que se mantenga la afición popular y de que la misma sea capaz de renovarse en las nuevas generaciones de aficionados que son los que, en su caso, deberán mantener, actualizar y conservar la fiesta de los toros. Pero en todo caso, será desde la libertad de la sociedad a optar y desde la propia libertad que significa la cultura, no cercenando el acceso a ésta.
b.- Por su parte, la ley 10/2015, para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial, en su artículo 3 h), protege “La sostenibilidad de las manifestaciones culturales inmateriales, evitándose las alteraciones cuantitativas y cualitativas de sus elementos culturales ajenas a las comunidades portadoras y gestoras de las mismas”. Y es absolutamente evidente que la reforma propuesta altera hasta la deformidad elementos fundamentales de la cultura taurina. Y por ello, es ilegal.
La FTL recuerda al Gobierno Balear que el Alto Tribunal, en la sentencia del 20 de octubre de 2016 que declaraba la nulidad de la prohibición de las corridas de toros en Cataluña, acordó expresamente que corresponde al Estado en exclusiva la competencia de proteger y conservar la tauromaquia, patrimonio cultural común de todos los españoles.
En este sentido, la Fundación expresa que la propuesta de estos grupos parlamentarios vulnera, a sabiendas, esta doctrina constitucional y quiere alertar que se está planteando un auténtico fraude legal.
La Fundación del Toro de Lidia tomará la iniciativa de perseguir y denunciar, cuando proceda, y dentro de sus competencias, tanto los hechos en sí mismo considerados como a los responsables últimos de los mismos, sabedores de que dicha propuesta choca frontalmente contra la Legislación vigente y la doctrina del Tribunal Constitucional.
