La Fundación del Toro de Lidia interpone una querella por prevaricación contra el alcalde de Alicante

1200px Gabriel Echávarri

Compártelo...!

Tras prohibir de manera continuada y a sabiendas de su ilegalidad la celebración de ‘bous al carrer’ en Moralet, la FTL ha interpuesto una querella contra Gabriel Echavarri y Diego Agulló, Jefe de Servicios de Sanidad y Protección Animal

La Fundación del Toro de Lidia (FTL) ha presentado una querella por delito de prevaricación contra el alcalde de Alicante, Gabriel Echavarri y frente a Diego Agulló, Jefe de Servicios de Sanidad y Protección Animal, tras prohibir de manera continuada la celebración de “bous al carrer” en la pedanía de Moralet a sabiendas de su ilegalidad.

Asimismo, el Ayuntamiento de Alicante ya ha sido condenado a abonar a la FTL 1.452 euros de dinero público, correspondientes a las costas por el recurso Contencioso-Administrativo interpuesto por la Fundación por el Decreto que impidió en 2016 la celebración del festejo taurino popular.

El Ayuntamiento de Alicante ya ha sido condenado a abonar 1.452 euros en concepto de costas por el recurso interpuesto por la FTL tras la primera prohibición de celebración del festejo taurino popular en 2016 en la pedanía de Alicante

A la resolución en contra por la prohibición de 2016, este año el Ayuntamiento de Alicante ha vuelto a denegar la autorización para celebrar “bous al carrer” en Moralet, acción también recurrida por la FTL por la vía Contencioso – Administrativa.

Por este motivo, la Fundación del Toro de Lidia ha presentado una querella por delito de prevaricación.

El delito de prevaricación, previsto y penado en el Art. 404 del Código Penal, dispone que “a la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo, se le castigará con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de nueve a quince años”.

La Fundación del Toro de Lidia hace frente así al sectarismo de algunos poderes públicos capaces de anteponer su ideología frente a la Ley, la Constitución y los pronunciamientos judiciales.

Scroll al inicio